Buenos Aires, 1863.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que existe desde 1863, es el más alto tribunal de la República Argentina y está compuesto por cinco ministros. Es el órgano máximo dentro de uno de los tres poderes del Estado y su misión consiste en asegurar la supremacía de la Constitución, ser su intérprete final, custodiar los derechos y las garantías en ella enunciados y participar en el Gobierno de la República. Por ser la Argentina un Estado federal, existen en el país tribunales nacionales y tribunales provinciales (art. 5 de la Constitución Nacional). Ellos están a cargo del Poder Judicial de la Nación y, como instancia final, la Corte Suprema está en el ejercicio de la función jurisdiccional para resolver los conflictos suscitados entre ciudadanos o entre estos y el Estado, la interpretación y sistematización de todo el ordenamiento jurídico y el control de constitucionalidad de las normas y actos estatales.
Sucre, 1994.
El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia es un órgano jurisdiccional plurinacional independiente, al servicio de la sociedad, que imparte justicia constitucional eficiente y transparente, consolidando el Estado Constitucional de Derecho Plurinacional Autonómico. Fue fundado en el marco de la reforma constitucional que se llevó a cabo en 1994, y busca velar por la supremacía de la Constitución, ejerciendo el control plural de constitucionalidad para precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, en el marco de una justicia plural y descolonizadora, conforme a los principios y valores constitucionales.
Brasilia, 1808.
El Tribunal Supremo Federal de Brasil, fundado en 1808, es el órgano supremo del Poder Judicial de Brasil. Está compuesto por once ministros. Es el principal responsable de la custodia de la Constitución de la República, tal como se define en su artículo 102. Entre los principales deberes del Tribunal está juzgar la acción directa de inconstitucionalidad de ley o acto normativo federal o estatal, la acción declaratoria de constitucionalidad de ley o acto normativo federal, la alegación del incumplimiento de precepto fundamental resultante de la propia Constitución y la extradición solicitada por Estado extranjero.
Santiago de Chile, 1970.
El Tribunal Constitucional de Chile es el órgano jurisdiccional encargado de realizar control preventivo y posterior de preceptos legales, incluidos los decretos con fuerza de ley; en este último caso, por la vía de requerimientos de inaplicabilidad o de acciones de inconstitucionalidad. Este Tribunal también controla, en forma preventiva y facultativa, los proyectos de reforma constitucional y los tratados internacionales sometidos a la aprobación del Congreso. Asimismo, ejerce control preventivo y posterior de normas propias de la potestad reglamentaria (decretos y resoluciones). Finalmente, resuelve cuestiones de constitucionalidad relativas a autos acordados emanados de los Tribunales Superiores de Justicia (Corte Suprema y Cortes de Apelaciones) y del Tribunal Calificador de Elecciones. Fue fundado en 1970 y se compone de diez ministros.
Bogotá, 1992.
La Corte Constitucional de Colombia es una institución de la Rama Judicial del Poder Público. Fue creada mediante la adopción de la Constitución de 1991, con el fin de guardar la integridad y supremacía de la Constitución Política. Esta Corte está integrada por nueve magistrados nombrados por el Senado de la República para periodos individuales de ocho años, de ternas enviadas por el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
San José, 1989.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV) de Costa Rica es el Tribunal que garantiza la dignidad, las libertades y los derechos fundamentales de las personas consagrados en la Constitución Política costarricense del año 1949 y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Está conformada por siete magistrados propietarios y doce suplentes.
Quito, 1991.
La Corte Constitucional del Ecuador es un órgano autónomo e independiente de administración de justicia constitucional. Fundada en 1991, está conformada por nueve magistrados; busca garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución, y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales y las garantías jurisdiccionales, mediante la interpretación, el control y la administración de justicia constitucional.