KAS: Desde su experiencia como delegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuáles considera que son las formas de discriminación estructural más persistentes en América Latina y cómo han sido abordadas por los tribunales constitucionales de la región?

Flavia Piovesan: Considero que las formas de discriminación estructural más persistentes en América Latina son la discriminación contra los pueblos indígenas y contra la población afrodescendiente. Al adoptar el enfoque interseccional, sumando a la perspectiva étnico-racial la perspectiva de género, las mujeres y niñas indígenas y afrodescendientes sufren formas de discriminación aún más graves y acentuadas. Cabe resaltar que, en promedio, en la región hay un 10% de pueblos indígenas y un 25% de afrodescendientes. Los indicadores sociales demuestran de manera empírica la gravedad del patrón histórico y estructural de discriminación al que están sometidos.

KAS: ¿Podría compartir un caso paradigmático en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos o algún tribunal constitucional haya logrado avanzar significativamente en el reconocimiento de derechos frente a prácticas discriminatorias?

Flavia Piovesan: La jurisprudencia interamericana respalda que la cláusula de igualdad y la prohibición de la discriminación integran el jus cogens interamericano – constituyendo un derecho perentorio no susceptible de relativización. Ha incorporado el enfoque interseccional al enfrentar la “violencia por prejuicio”, derivada de patrones culturales discriminatorios, que mitigan y violan derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. Al adoptar el instituto de la “reparación integral”, mediante garantías de no repetición, ha demandado, por ejemplo, la adecuación de la normativa interna a la luz de los parámetros protectores convencionales, la adopción de protocolos de investigación y juzgamiento bajo la perspectiva de género, la implementación de programas de capacitación en derechos humanos en el sistema de justicia con enfoque racial y de género.

En Brasil, por su parte, el Supremo Tribunal Federal (STF) ha enfrentado este patrón discriminatorio en fallos emblemáticos, que, por ejemplo, reconocen la constitucionalidad de acciones afirmativas étnico-raciales para el ingreso en universidades públicas y en concursos públicos (ADPF 186 y ADC 41), así como para incentivar la candidatura política de mujeres negras (ADPF 738). En un caso paradigmático, el STF entendió que la libertad de expresión no incluye el discurso de odio como discurso protegido (HC 82.424).

KAS: A su juicio, ¿qué rol juegan los estándares del Sistema Interamericano en el fortalecimiento de la respuesta de los tribunales constitucionales de la región frente a la discriminación en contextos marcados por la desigualdad?

Flavia Piovesan: Los estándares interamericanos constituyen un piso mínimo de protección y no un techo máximo. Permiten compensar déficits nacionales, fortaleciendo la protección de los derechos humanos en el ámbito interno. A modo ilustrativo, se destacan los “Cuadernos de Jurisprudencia del STF: concretizando derechos”, que sistematizan los fallos emblemáticos del STF en materia de derechos humanos, con énfasis en los diálogos con el sistema interamericano. Fruto de la alianza entre el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), el STF y el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional (MPI), hasta el momento se han publicado siete Cuadernos sobre: derechos de las mujeres, derechos de las personas LGBTQIAP+, igualdad racial, derechos de los pueblos indígenas, derechos de las personas privadas de libertad, derecho a la libertad de expresión y nuevas tecnologías, y derecho al cuidado.

El análisis de estos Cuadernos señala la creciente permeabilidad dialógica del STF, que incorpora cada vez más los estándares interamericanos. Los diálogos jurisdiccionales resultan prometedores en el fortalecimiento de los derechos humanos, sobre todo de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, en lo que se refiere a los derechos de las personas LGBTQIAP+, de las 10 decisiones emblemáticas seleccionadas, 9 están basadas en los estándares interamericanos, en especial en la Opinión Consultiva n.° 24 de 2017, emitida por la Corte Interamericana sobre la protección de los derechos a la identidad de género y al matrimonio igualitario.

KAS: En su trayectoria, ha abogado por un enfoque interseccional en materia de derechos humanos. ¿Qué desafíos enfrenta la jurisdicción constitucional latinoamericana para incorporar esta perspectiva en la lucha contra la discriminación estructural? ¿Y qué acciones o transformaciones cree necesarias para alcanzar una justicia verdaderamente inclusiva?

Flavia Piovesan: Aprendí con el Sistema Interamericano la importancia de los datos desagregados, para comprender el contexto de forma precisa, destacando a los grupos que sufren un impacto desproporcionadamente discriminatorio. Es a partir de la comprensión del contexto que es posible avanzar hacia una incidencia transformadora que combata las discriminaciones estructurales, en favor de sociedades más justas e igualitarias.

La justicia verdaderamente inclusiva debe adoptar un análisis contextual, inspirado en la vocación emancipadora de proteger derechos y transformar realidades.

KAS: ¿Cuál es, en su opinión, el papel de los tribunales constitucionales en la protección frente a la discriminación en América Latina, y cuáles diría usted que son sus principales límites?

Flavia Piovesan: Los tribunales constitucionales tienen un papel decisivo en la afirmación de la igualdad y en la prohibición de la discriminación en América Latina. Entiendo que hay tres vertientes de actuación: 1) el combate a la discriminación; 2) la promoción de la igualdad mediante políticas de acciones afirmativas; y 3) el fomento a la transformación cultural.

Considero que la protección de los derechos humanos es la mayor vocación del Poder Judicial, siendo la dignidad humana el pilar estructural del Estado Democrático de Derecho. Al fin y al cabo, todos somos libres e iguales en dignidad, derechos y respeto, como proclama la Declaración Universal.