{"id":5117,"date":"2024-08-01T12:05:29","date_gmt":"2024-08-01T17:05:29","guid":{"rendered":"https:\/\/kas-encuentrotribunales.com\/?page_id=5117"},"modified":"2024-08-01T12:08:20","modified_gmt":"2024-08-01T17:08:20","slug":"articulo-acceso-a-mecanismos-de-reparacion-judicial-en-asuntos-que-vinculan-la-responsabilidad-empresarial","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/kas-encuentrotribunales.com\/de\/articulo-acceso-a-mecanismos-de-reparacion-judicial-en-asuntos-que-vinculan-la-responsabilidad-empresarial\/","title":{"rendered":"Art\u00edculo – Acceso a mecanismos de reparaci\u00f3n judicial en asuntos que vinculan la responsabilidad empresarial"},"content":{"rendered":"
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Art\u00edculo<\/h5>

Acceso a mecanismos de reparaci\u00f3n judicial en asuntos que vinculan la responsabilidad empresarial: \u00bfc\u00f3mo puede el orden constitucional proteger y reparar? <\/span><\/h3><\/div>\n <\/section>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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\u00bfQu\u00e9 pasa cuando una empresa vulnera los derechos humanos de las personas? \u00bfO cuando una compa\u00f1\u00eda irrumpe en un territorio ancestral sin hacer una consulta previa? \u00bfCuando contrata exclusivamente a hombres y discrimina a mujeres? \u00bfCuando no elige a una persona para un cargo por tener VIH? El derecho dom\u00e9stico de los Estados, alineado con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, ofrece hoy varias v\u00edas para proteger y reparar estas vulneraciones. Desde la responsabilidad civil extracontractual, penal y administrativa hasta los mecanismos constitucionales. La experiencia cambia, seg\u00fan el pa\u00eds, pero en Am\u00e9rica Latina el orden constitucional ya ha intervenido de forma activa para proteger y reparar a personas o grupos poblaciones que han sido afectados en sus derechos por la actividad empresarial.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>

Los mecanismos constitucionales que se accionan cuando una empresa viola los derechos humanos, ya sea por acci\u00f3n directa de la compa\u00f1\u00eda o acci\u00f3n u omisi\u00f3n del Estado, ser\u00e1n tema de conversaci\u00f3n en nuestro <\/span>XXIX Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de Am\u00e9rica Latina<\/span><\/a>, que tendr\u00e1 lugar en Lima (Per\u00fa) el pr\u00f3ximo 26 de septiembre. Prepar\u00e1ndonos para esta discusi\u00f3n, queremos destacar tres experiencias en Am\u00e9rica Latina, que est\u00e1n contenidas en el libro \u201c<\/span>Experiencias Latinoamericanas sobre reparaci\u00f3n en materia de empresas y derechos humanos<\/span><\/a>\u201d, publicado por el Programa Estado de Derecho Am\u00e9rica Latina de la Fundaci\u00f3n Konrad Adenauer en febrero de 2022.\u00a0<\/span><\/p>

Colombia y sus tres acciones constitucionales<\/b><\/p>

Los mecanismos constitucionales de protecci\u00f3n que existen en Colombia pueden emplearse directamente para evaluar la responsabilidad de una empresa que presuntamente vulner\u00f3 derechos humanos o contra el Estado cuando omite sus obligaciones derivado de lo primero. Se trata de las acciones de tutela, popular y de grupo, a trav\u00e9s de las cuales se podr\u00eda declarar la responsabilidad de estos actores, proteger los derechos fundamentales y, en situaciones excepcionales, buscar una indemnizaci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>

La <\/span>acci\u00f3n de tutela<\/span><\/a> permite reclamar la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales cuando han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o particular, y con el fin de evitar un perjuicio irremediable.\u00a0 Asimismo, es una herramienta subsidiaria, por lo que se deben agotar antes las dem\u00e1s v\u00edas procesales. A trav\u00e9s de este mecanismo, una comunidad ind\u00edgena logr\u00f3 que la Corte Constitucional protegiera su derecho a la consulta previa, cuando una petrolera lo ignor\u00f3 al construir un oleoducto.<\/span> (Sentencia T-693\/11)<\/span><\/a><\/p>

La Sala S\u00e9ptima de Revisi\u00f3n de tutelas de la Corte Constitucional <\/span>determin\u00f3<\/span><\/a> que la consulta previa era necesaria y obligatoria, pues los pueblos ind\u00edgenas y tribales tienen derecho a ser consultados respecto de las medidas que les conciernen, especialmente cuando se trata de explotaci\u00f3n de recursos naturales ubicados en sus territorios, que suelen tener una connotaci\u00f3n ancestral para sus actividades sociales, econ\u00f3micas, religiosas y espirituales.\u00a0<\/span><\/p>

La segunda acci\u00f3n, <\/span>la popular<\/span><\/a>, busca proteger los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad p\u00fablica, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia econ\u00f3mica y otros de similares <\/span>(Ley 472 de 1998)<\/span><\/a>. Este mecanismo les sirvi\u00f3 a los pescadores del Choc\u00f3 para exigir su derecho al goce de un ambiente sano y a la existencia del equilibrio ecol\u00f3gico, cuando la pesca industrial afect\u00f3 los ecosistemas marinos, provocando sobreexplotaci\u00f3n y captura de especies. Adicionalmente, los pescadores artesanales quedaron en desventaja al competir con la alta tecnolog\u00eda que usaban las embarcaciones industriales.<\/span><\/p>

En consecuencia, el <\/span>Consejo de Estado les orden\u00f3<\/span><\/a> al Ministerio de Ambiente y a las empresas p\u00fablicas demandadas elaborar un proyecto que especificara las actividades para prevenir, controlar y sancionar los impactos ambientales de la pesca industrial en el Choc\u00f3.<\/span><\/p>

Por \u00faltimo, est\u00e1 la acci\u00f3n de grupo, que es la v\u00eda por la que al menos 20 personas, que han sido afectadas en condiciones similares, pueden reclamar al Estado una indemnizaci\u00f3n por los perjuicios causados.\u00a0 Este mecanismo, que fue una de las novedades de la Constituci\u00f3n de 1991, es de suma importancia porque, pese a que se impulsa de forma colectiva, atiende intereses individuales y no derechos colectivos. A diferencia de la acci\u00f3n popular, la de grupo no busca prevenir un da\u00f1o sino repararlo. Por ende, se ejercer\u00e1 exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnizaci\u00f3n de los perjuicios.<\/span><\/p>

Argentina y la discriminaci\u00f3n laboral<\/b><\/p>

La Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n (CSJN) en Argentina ha decidido sobre casos vinculados a\u00a0 vulneraciones a los derechos humanos cometidas por empresas, fundamentalmente a trav\u00e9s del recurso de amparo, una v\u00eda que existe gracias a la<\/span> reforma constitucional de 1994<\/span><\/a> y pretende ser r\u00e1pida, sencilla y eficaz. As\u00ed, por ejemplo, en 2014 resolvi\u00f3 la acci\u00f3n que iniciaron la se\u00f1ora Mirtha Graciela Sisnero y la Fundaci\u00f3n Entre Mujeres (FEM) en contra de la Sociedad An\u00f3nima del Estado del Transporte Automotor, la Autoridad Metropolitana de Transporte y siete empresas operadoras, porque no contrataban mujeres conductoras en el transporte p\u00fablico de la ciudad de Salta, violando as\u00ed el\u00a0 derecho a la igualdad y la no discriminaci\u00f3n en raz\u00f3n del g\u00e9nero.<\/span><\/p>

La se\u00f1ora Sisnero quer\u00eda trabajar como conductora, pero por el hecho de ser mujer, no pudo acceder a ese puesto en ninguna de las siete empresas de transporte p\u00fablico de Salta, pese a cumplir todos los requisitos. Las personas contratadas eran exclusivamente hombres. Por ende, ella pidi\u00f3 que cesara la discriminaci\u00f3n por g\u00e9nero, que la incorporaran como chofer y que se estableciera un cupo exclusivo para mujeres hasta que la distribuci\u00f3n de cargos con los hombres fuera equitativa.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>

La primera instancia fall\u00f3 a su favor, pero la segunda no, pese a que reconoci\u00f3 que hab\u00eda una discriminaci\u00f3n social basada en el g\u00e9nero. As\u00ed que la CSJN intervino y <\/span>decidi\u00f3<\/span><\/a> en un recurso extraordinario que los principios de igualdad y de prohibici\u00f3n de toda discriminaci\u00f3n son \u201cestructurales del orden jur\u00eddico constitucional argentino e internacional\u201d y, con base a instrumentos internacionales como la Convenci\u00f3n Internacional sobre la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer, record\u00f3 que los Estados deben adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminaci\u00f3n contra la mujer en la esfera del empleo, para que as\u00ed puedan acceder a las mismas oportunidades y elegir libremente su profesi\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>

Adem\u00e1s, tuvo en cuenta la Opini\u00f3n Consultiva 18\/03 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha se\u00f1alado que, \u00aben una relaci\u00f3n laboral regida por el derecho privado, se debe tener en cuenta que existe una obligaci\u00f3n de respeto de los derechos humanos entre particulares\u201d. La CSJN tambi\u00e9n estableci\u00f3 que en estos casos se invierte la carga de la prueba, un concepto muy importante que actualmente se encuentra en el <\/span>art\u00edculo 8.3.e<\/span><\/a> del Acuerdo de Escaz\u00fa (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Informaci\u00f3n, la Participaci\u00f3n P\u00fablica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en Am\u00e9rica Latina y el Caribe). La parte demandada, en este caso la empresa, es quien debe desvirtuar la presunci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>

En consecuencia, un a\u00f1o despu\u00e9s, la Corte de Justicia de Salta debi\u00f3 dictar un nuevo fallo a favor de la se\u00f1ora Sisnero y orden\u00f3 a las empresas del transporte p\u00fablico modificar las pautas para contratar a sus choferes, estando prohibido discriminar a las mujeres en el proceso de selecci\u00f3n. Y orden\u00f3 que ellas deben componer al menos un 30% de la planta de conductores. Sin embargo, hoy la se\u00f1ora <\/span>Sisnero sigue sin ser contratada<\/span><\/a> como chofer.<\/span><\/p>

En un caso similar, Erica Borda acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de amparo para reclamar que, tras ser despedida del cargo de conductora de transporte p\u00fablico, que ocup\u00f3 durante diez a\u00f1os, no volvi\u00f3 a ser contratada en otra empresa por ser mujer. Y, de nuevo, <\/span>al decidir el caso<\/span><\/a>, la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones del Trabajo record\u00f3 las obligaciones del Estado en materia de discriminaci\u00f3n.<\/span><\/p>

La experiencia ecuatoriana<\/b><\/p>

Al igual que en Colombia y Argentina, en Ecuador hay mecanismos de protecci\u00f3n constitucional que pueden utilizarse frente a la omisi\u00f3n estatal que ha generado que una empresa vulnere derechos humanos o directamente contra una empresa. Se trata de las acciones de protecci\u00f3n, acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, habeas data, incumplimiento y la medida cautelar. Adem\u00e1s, se reconoce el derecho a recibir una reparaci\u00f3n integral, que podr\u00eda incluir la restituci\u00f3n del derecho, compensaci\u00f3n econ\u00f3mica, rehabilitaci\u00f3n, satisfacci\u00f3n, garant\u00edas de no repetici\u00f3n, la obligaci\u00f3n de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, disculpas p\u00fablicas, la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos, la atenci\u00f3n de salud, entre otras.\u00a0<\/span><\/p>

Ejemplo de esto es la acci\u00f3n de protecci\u00f3n, que busca amparar de forma directa y eficaz los derechos reconocidos en la Constituci\u00f3n y tratados internacionales sobre derechos humanos. Esta v\u00eda permite analizar todo acto u omisi\u00f3n de personas naturales o jur\u00eddicas del sector privado, cuando cometan cualquier acto discriminatorio, presten servicios p\u00fablicos, provoquen da\u00f1o grave o cuando la persona afectada se encuentra en estado de subordinaci\u00f3n o indefensi\u00f3n frente a un poder econ\u00f3mico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo.\u00a0<\/span><\/p>

Tal es el caso de una <\/span>decisi\u00f3n<\/span><\/a> de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha a favor de un hombre con VIH que aplico\u0301 a un puesto de trabajo en una empresa privada y no fue contratado por tener el virus. En consideraci\u00f3n de la Sala, se trat\u00f3 de una vulneraci\u00f3n al derecho al trabajo y le orden\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda disculparse p\u00fablicamente guardando la confidencialidad y privacidad de los datos personales del ciudadano y capacitar a su personal para que no se repitan casos como este.\u00a0<\/span><\/p>

Sumada a la acci\u00f3n de protecci\u00f3n constitucional, en Ecuador est\u00e1 la acci\u00f3n de habeas data, que sirve cuando se niega el acceso, actualizaci\u00f3n, rectificaci\u00f3n o anulaci\u00f3n de datos personales, o cuando la informaci\u00f3n personal se usa sin autorizaci\u00f3n expresa y viola un derecho; la acci\u00f3n de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica; que cabr\u00eda en los casos en los que una empresa privada no brinde informaci\u00f3n de car\u00e1cter p\u00fablico que se encuentra bajo su poder; y la acci\u00f3n por incumplimiento, que procede contra autoridades o personas naturales y jur\u00eddicas cuando act\u00faen cuando desconocen sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protecci\u00f3n de derechos humanos.\u00a0<\/span><\/p>

Estas son tres experiencias en Am\u00e9rica Latina que demuestran c\u00f3mo el orden constitucional puede intervenir con mecanismos de protecci\u00f3n y reparaci\u00f3n de vulneraciones de derechos humanos a cargo de las empresas. Nos muestran tambi\u00e9n que las v\u00edas constitucionales ya existentes al interior de los Estados han sido \u00fatiles para reclamar la responsabilidad de las empresas y sus obligaciones frente a los derechos humanos, dejando claro que no es s\u00f3lo es un asunto de los Estados ni del sector p\u00fablico. Ahora bien, cabe\u00a0 preguntarse si dichos mecanismos son suficientes o si es necesario crear nuevas v\u00edas exclusivas para abordar el asunto de las empresas en el terreno de los derechos humanos. \u00bfY usted qu\u00e9 otra experiencia agregar\u00eda?\u00a0<\/span><\/p>

*Este art\u00edculo fue redactado con base a la informaci\u00f3n contenida en el libro \u201cExperiencias Latinoamericanas sobre reparaci\u00f3n en materia de empresas y derechos humanos\u201d, publicado por el Programa Estado de Derecho Am\u00e9rica Latina de la Fundaci\u00f3n Konrad Adenauer en febrero de 2022. El cual puede consultarse de manera gratuita en el siguiente enlace: <\/span><\/i>https:\/\/heyzine.com\/flip-book\/b33e50cb2b.html<\/span><\/i><\/a>\u00a0<\/span><\/i><\/p>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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